En Tucumán, no todo jardín que recibe bebés es un jardín maternal. Esa distinción —invisible para muchos padres, decisiva para los especialistas— marca la frontera entre un espacio habilitado, supervisado y con docentes formadas, y otro donde nada garantiza que las condiciones sean las adecuadas para la primera infancia.

Silvia Rodríguez, directora del Jardín Maternal Conejito Saltarín Kid y secretaria de la Asociación de Jardines Maternales Registrados, lo sintetiza así: “En la provincia hay aproximadamente 600 jardines, pero sólo unos 70 están debidamente registrados en el Ministerio de Educación. Eso significa que cumplieron con los requisitos y están siendo controlados pedagógicamente”.

Y enseguida aclara lo que no siempre se dice: “Elegir lugares sin registro puede traer consecuencias graves para los niños. Una institución formal debe contar con habilitación municipal, personal docente de nivel inicial, número de registro y un Código Único del Establecimiento (CUE)”.

A veces, explica, el problema no es desinterés sino desconocimiento: hay familias que buscan el precio más bajo, sin saber lo que queda afuera de esa ecuación. Lo dice sin juzgar, como quien comprende el contexto económico, pero sostiene un límite: “No se trata sólo de cuidar: se educa. Se acompaña la alimentación, la higiene, el juego, los primeros aprendizajes. Se colabora con los padres para que puedan trabajar, pero siempre dentro de un proyecto educativo”.

A su lado simbólico en esta historia aparece Nieves Martínez, profesora de nivel inicial, directora y dueña del jardín Lomita Linda y presidenta de la Asociación de Jardines Maternales Registrados. Su voz tiene tono de trinchera: sabe que cada derecho de la primera infancia se ganó golpeando puertas.

“En Argentina son pocas las provincias donde el Ministerio de Educación avala maternales. Tucumán es pionera. Hace más de 11 años un grupo de mujeres empezó a pedir reuniones para que nos reciban. Hoy tenemos registro”.

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Nieves detalla con orgullo lo que implica estar dentro del sistema: visitas periódicas de supervisoras, exigencias edilicias, salas separadas por edades, contenidos pedagógicos acordes, registro oficial, posibilidad de que las familias accedan al salario escolar.

“La flexibilidad horaria existe porque los padres lo necesitan, pero la calidad humana y pedagógica es lo primero. Queremos visibilización. Queremos que se entienda que la primera infancia es educación”.

Acompañamiento

Desde el Ministerio de Educación, la directora provincial de Educación Inicial Cecilia Guillén, pone el foco en el acompañamiento. “Cuando un jardín inicia el proceso para registrar su espacio, no está solo. Se acompaña desde el primer día: orientación de infraestructura, asesoramiento pedagógico, y una supervisora que visita, escucha, guía y vuelve las veces que sea necesario.”

Guillén remarca que el registro provincial no es un sello estático, sino un proceso vivo: “La supervisión continúa después. El jardín recibe seguimiento, acompañamiento y capacitación. No es control punitivo: es construcción de calidad para la primera infancia.”

También destaca un avance reciente que no siempre llega a los padres: “Estamos trabajando con municipios y comunas para unificar criterios de habilitación. Eso da transparencia y permite que las familias puedan consultar fácilmente qué instituciones están formalizadas.”

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El dato que preocupa —y mueve la agenda del área— es claro: “Hoy son pocos los jardines maternales en Tucumán que completaron el proceso formal. Falta camino. Necesitamos que más espacios se sumen, pero acompañamos para que no sea una carga burocrática, sino una mejora sostenida.”

Las tres coinciden en algo: las familias necesitan apoyo, no culpas. A veces, la elección incorrecta no nace de la indiferencia sino de la falta de opciones y de información. Mientras tanto, ellas —y las docentes que cada mañana reciben mochilas mínimas y manos pequeñas— insisten en lo esencial: cuidar la primera infancia es educar el futuro.